EE.UU

Nueva York: jueces restituyen el derecho a protestar contra el aborto frente a las clínicas

Un Tribunal Federal de Apelaciones rechazó el pasado viernes 28 de mayo su propio fallo anterior que permitía al fiscal general de Nueva York, bloquear a los manifestantes provida para que no intentaran evitar que las mujeres se sometieran a abortos en una clínica del distrito de Queens. 

El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan se puso del lado de los activistas provida después de que el Estado trató de impedir que protestaran fuera de la clínica abortista “Centro Médico de Mujeres Choices” del barrio en el barrio de Jamaica en Queens, Nueva York.

Según reportó Reuters, en una votación de 2-1, dicha Corte de Apelaciones restauró un fallo de un Tribunal de primera instancia de 2018, que negaba al Estado de Nueva York impedir las protestas mediante una orden judicial.

El 10 de marzo fue la fecha en la que el mismo panel de jueces había votado en contra del reclamo de los activistas, quienes afirmaban que al impedirles manifestarse estaban violando sus derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda.

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, elogió el fallo en ese momento, según el New York Law Journal y dijo:

“Toda mujer tiene el derecho constitucional de acceder a un aborto y esta orden deja en claro que todas las personas deben tener acceso a estas instalaciones sin obstrucciones ni hostigamientos”, dijo. “El tribunal nos ha dado otra oportunidad de presentar nuestro caso y no vacilaremos en nuestra lucha para proteger las libertades reproductivas de las mujeres”.

El caso original del Estado contra los manifestantes, presentado en 2017 por el entonces fiscal general Eric Schneiderma, los acusaba de intentar ‘atosigar’ a las mujeres que entraban en la clínica y ‘amenazar de muerte’ a los guardias del centro médico abortista, además de sostener carteles con imágenes de fetos abortados, según Reuters.

Sin embargo, según indicó el medio The Blaze, las tácticas empleadas por los manifestantes provida consistían en hablar con las mujeres que buscaban un aborto, “caminar lentamente” delante de las pacientes y asomarse a los coches para distribuir folletos de la campaña”. 

Incluso, tomando en cuenta también que en la sentencia de marzo, la juez Rosemary Pooler calificó el comportamiento de los provida como “inocuo”, todo hace suponer que las acusaciones hacia los manifestantes provida que los muestran como ‘violentos’ carecerían de fundamento.

Stephen Crampton, abogado de los manifestantes, calificó la orden del viernes de “extraordinaria” y señaló que la corte de apelaciones rara vez reconsidera sus propias decisiones escritas.

“Nos complace que los derechos fundamentales de la Primera Enmienda de nuestros clientes hayan sido restaurados y esperamos regresar al tribunal de distrito y terminar el caso de una vez por todas”, dijo Crampton en un comunicado.

Los activistas provida además de buscar salvar la vida del niño por nacer cuando intentan disuadir a su madre de que no lo maten, al mismo tiempo, exponen el negocio millonario y los intereses políticos que se desprenden de una práctica inmoral que va en contra de la naturaleza humana, como lo es el aborto.

Sin ir más lejos la administración de Biden que continúa profundizando la política pro-aborto demócrata, anulando las órdenes firmadas por Trump que apuntaban a proteger la vida del no nacido, anunció el viernes que pondría fin a la prohibición federal de financiar investigaciones que utilizan tejidos de niños abortados, según informó The Western Jounal.

Además mencionó que el Instituto Nacional de Salud de EE. UU. (NIH) también anunció que ya no cumpliría con una orden de la administración Trump que prohibía el uso de dinero federal para comprar tejido fetal humano.

Tom McClusky, presidente de March for Life Action, calificó la acción de la administración Biden como “una grave violación de la dignidad humana”.

“El gobierno no tiene por qué crear un mercado para las partes del cuerpo de un bebé abortado”, dijo, según The Post.

Entre tanto, Marjorie Dannenfelser, presidenta de la provida Susan B. Anthony List, dijo en un comunicado de prensa, que la medida era una forma de que la administración Biden “pagara a sus aliados de la industria del aborto”.

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