Desde Cuba Internacional

Los Sánchez Hill se marcan un punto en su guerrilla judicial contra Meliá y Cuba

Un tribunal español admite a trámite el recurso de apelación contra la sentencia que archivó el caso en Mallorca

El recorrido judicial de los Sánchez Hill contra Meliá no ha llegado aún a su fin. Según el diario Vozpópuli, la Audiencia Provincial de Palma (Baleares) ha admitido a trámite el recurso de apelación que presentó la familia, propietaria antes de la Revolución de 1959 de los terrenos donde se ubican dos hoteles gestionados por la hotelera mallorquina, y espera ahora el escrito de oposición que, con seguridad, presentará la compañía.

El juzgado de primera instancia archivó la causa el pasado mes de mayo al considerar que un tribunal civil español no tiene jurisdicción para conocer la demanda, “por fundamentarse la misma en pretensiones dirigidas contra bienes propiedad de un Estado”.

La Audiencia Provincial es la instancia inmediatamente superior en la Justicia española y en una anterior ocasión ya falló favorablemente a los Sánchez Hill, permitiendo que el juzgado nº 24 de Palma estudiara el caso

La Audiencia Provincial es la instancia inmediatamente superior en la Justicia española y en una anterior ocasión ya falló favorablemente a los Sánchez Hill, permitiendo que el juzgado nº 24 de Palma estudiara el caso, en contra de lo que su jueza había considerado cuando lo archivó por falta de jurisdicción en septiembre de 2019.

El caso se reabrió en marzo de 2020 cuando la sección tercera de la Audiencia consideró que sí había competencia para tramitar un procedimiento por estar Meliá domiciliada en España. Fue entonces cuando los Sánchez Hill decidieron incluir al Estado cubano en la demanda ya que los terrenos son, tras la confiscación, 100% propiedad del Gobierno, que decidió no personarse.

La jueza consideró que el caso afectaba “de manera directa los intereses del Estado de Cuba y de la sociedad Gaviota SA, propiedad también de Cuba, como actual titular de los terrenos”. Sin embargo esta es a su vez la causa de que se decidiera el archivo al entender que los hechos demandados se encuentran protegidos por la inmunidad de jurisdicción que ostenta el Estado cubano. Según la resolución, el Estado cubano no puede ser demandado ni enjuiciado por los tribunales españoles, aunque ya entonces se advirtió que cabía recurso.

La demanda fue interpuesta por la familia Sánchez Hill, a través de la empresa Central Santa Lucía, contra el grupo Meliá por la explotación de dos hoteles en Playa Esmeralda, Paradisus Rio de Oro y Sol Río y Luna Mares. Los antiguos propietarios de los terrenos, que no fueron compensados por la expropiación, alegan enriquecimiento injusto y sostienen que la hotelera siempre fue consciente de estar cometiendo una ilegalidad.

La demanda fue presentada en los tribunales españoles después de que el Gobierno de Donald Trump activara los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996.

Meliá defiende que no se puede juzgar este caso en España, ya que va contra el “Estatuto de Bloqueo Comunitario”, una norma aprobada por la Unión Europea para prohibir en su territorio la aplicación de las sentencias judiciales de EE UU

Sin embargo, Meliá defiende que no se puede juzgar este caso en España, ya que va contra el “Estatuto de Bloqueo Comunitario”, una norma aprobada por la Unión Europea para prohibir en su territorio la aplicación de las sentencias judiciales de EE UU vinculadas a la Ley Helms-Burton.

El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, tiene prohibida la entrada en EE UU desde octubre de 2019 como consecuencia de esta causa. El Departamento del Tesoro solicitó al empresario una serie de condiciones que este consideró inasumibles para la compañía” y alegó que su cumplimiento era contrario a la normativa europea, que considera que “la Ley Helms Burton infringe los más elementales principios de Derecho internacional”.

Meliá administra 40 hoteles en Cuba, aunque el pasado diciembre renunció a la gestión de tres de ellos por las “escasas oportunidades comerciales” de los centros turísticos y “los problemas operacionales confrontados a lo largo de los últimos años”.

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