Aunque en el estado de Georgia, EE. UU., se realizaron auditorías electorales, en estas se ignoraron miles de votos contados ilegalmente a pesar de los vicios que padecían potencialmente, según se reveló recientemente.
Alrededor de 35.000 votos de residentes que cambiaron su condado de residencia podrían haber sido excluidos, superando así varias veces los 12.670 que impidieron al entonces presidente Donald Trump continuar en la Casa Blanca, de acuerdo con The Federalist del 9 de julio.
Estas nuevas evidencias fueron reveladas por el presidente de Data Productions Inc. y experto en análisis de datos de votantes y cuestiones de residencia, Mark Davis, quien las obtuvo en la base de datos National Change of Address (NCOA, por la sigla en inglés).
El uso de estos datos y los disponibles en la Oficina del Secretario de Estado de Georgia, permitieron a Davis determinar la cantidad de posibles votos ilegales solo por esta causa.
De acuerdo con la legislación de Georgia, quienes al momento de votar hayan residido durante más de 30 días en el condado al que se han mudado, y voten en el condado de residencia anterior invalidarían su voto.
En principio, esta evidencia permitiría reivindicar la autenticidad de las reclamaciones del expresidente Trump y de su equipo legal al impugnar los resultados de las elecciones de Georgia.
“Según la ley de Georgia, un juez puede ordenar que se rehaga una elección si ve que hubo suficientes votos ilegales, irregulares o rechazados indebidamente para poner en duda los resultados de la elección, o si ven pruebas de ‘irregularidades sistémicas’”, dijo Davis, según The Federalist.
Para Davis resulta impactante que los medios de comunicación, los tribunales y la Oficina del Secretario de Estado hubiesen dejado de aplicar las leyes que regulan el efecto del cambio de condado de los votantes en las elecciones.
“De hecho, escuché a miembros del equipo del Secretario de Estado admitir que se emitieron algunos votos con problemas de residencia, pero luego afirmaron que no eran suficientes para poner en duda el resultado de las elecciones”, informó Davis.
Y agregó: “Eso no era en absoluto lo que yo veía, y hasta donde yo sé la Oficina del Secretario de Estado nunca ha puesto una cifra real sobre los que sí vieron”.
Davis también relató: “En mayo recibí una base de datos de votantes actualizada de la oficina del Secretario de Estado, e importé los datos y comparé las direcciones de los votantes con la información del NCOA que procesé en noviembre”.
Otras de las consecuencias que podrían desprenderse del descubrimiento de Davis, es la prevención de que irregularidades como estas, perjudiquen los derechos electorales de los estadounidenses.
“Determinar si los electores del estado fueron certificados correcta o erróneamente es algo que todos los votantes merecen saber”, escribió el autor Kyle Becker.
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