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Ciudad de Guatemala, 27 jul (EFE).- La lucha anticorrupción en Guatemala recibió hace cuatro días un nuevo golpe con la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval, pese a la contrariedad de Estados Unidos, pero su salida puede haber dejado expuesto al Ministerio Público y al Gobierno de Alejandro Giammattei.

Sandoval fue removido de su cargo el pasado viernes por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, pero antes de salir exiliado vía El Salvador, sus palabras en rueda de prensa causaron retumbo en la política guatemalteca.

El fiscal anticorrupción explicó en una maratónica conferencia que Porras, quien tomó posesión en 2019, ha detenido varias pesquisas en contra del Gobierno de Alejandro Giammattei.

«Su intención (de Porras) es proteger a sus amigos que pudieran resultar involucrados en las investigaciones», aseveró Sandoval.

El fiscal agregó que la jefa del Ministerio Público ha bloqueado los casos de alto impacto de corrupción mediante traslados de expedientes, remoción de fiscales, prohibiciones para operativos, «retraso» de procesos y «agilizar lo que le conviene».

UNA CONFESIÓN FILTRADA

A la crisis del Ministerio Público por la salida de Sandoval se sumó la filtración, el domingo, de un documento en el cual un testigo, el abogado Marco Alveño Hernández, relató serias acusaciones de sobornos y corrupción contra Porras y Giammattei.

La declaración de Alveño Hernández, exabogado del empresario farmacéutico Gustavo Alejos, se llevó a cabo el 13 de julio ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Sandoval, y pudo ser el detonante final para que Porras decidiera remover a Sandoval.

De acuerdo al testimonio de Alveño Hernández, Consuelo Porras manipuló casos a conveniencia de imputados, incluso solicitando dinero mediante una asesora, Paola Mansilla, y además compartió información sensible y privilegiada con el presidente Giammattei para beneficio de ambos.

Tras la filtración, el Ministerio Público a cargo de Porras emitió un comunicado en el que indicó que desconocía si existía realmente el testimonio de Alveño Hernández pero detalló que, en caso de que fuera verídico, tomaría acciones legales en contra de quienes lo filtraron.

La fiscal general también compareció en medios locales el domingo por la noche para explicar que Sandoval hacía una «justicia selectiva» y defendió su despido debido a supuestos «vejámenes» por parte del fiscal anticorrupción en su contra.

Mientras tanto, el Gobierno de Giammattei informó este martes que se pronunciaría próximamente al respecto de las acusaciones de Sandoval, pero sin más detalles al respecto.

MOLESTIA DE ESTADOS UNIDOS

La destitución de Sandoval abre grietas entre Estados Unidos y Guatemala, principalmente porque el fiscal había sido elogiado en repetidas ocasiones por autoridades del país norteamericano e incluso el Departamento de Estado lo condecoró recientemente por su lucha anticorrupción.

«Estamos del lado del pueblo de Guatemala y del fiscal Juan Francisco Sandoval, al que yo reconocí este año con un premio Campeón Anticorrupción», sentenció el domingo el secretario de Estado, Antony Blinken, tras la remoción del fiscal.

De igual forma la directora de la agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (Usaid), Samantha Power, calificó el sábado la remoción de Sandoval como una «medida escandalosa», mientras que el asistente especial del presidente de Estados Unidos, Juan González, también criticó la decisión.

«No sé a qué esta jugando, fiscal Porras», aseveró González mediante sus redes sociales.

Sandoval fue el principal bastión de la lucha anticorrupción en Guatemala durante los últimos tres años hasta su salida el pasado viernes, después de más de una década en la entidad.

El fiscal, de 38 años, fue pieza clave para la lucha anticorrupción en Guatemala que tuvo su gran auge entre 2014 y 2019 de la mano de la exfiscal Thelma Aldana y también del director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez.

Las pesquisas comandadas por Sandoval, Aldana y Velásquez destaparon docenas de casos de corrupción estatal, imputando a más de 200 personas entre ministros, funcionarios, empresarios de élite y también a los expresidentes Otto Pérez Molina (2012-2015) y Álvaro Colom Caballeros (2008-2012).

«Solo hay dos opciones», aseguró este martes el diputado opositor Samuel Pérez: «O dejamos que Giammattei siga destruyendo obsesivamente a Guatemala, sin remordimiento ni empatía. O lo paramos».

(c) Agencia EFE

Por antilope

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