Vie. Mar 29th, 2024

El alejamiento del castro-canelismo de los principios que deben regir la vida de las naciones latinoamericanas y caribeñas es una muestra del anacronismo del régimen cubano.

La VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) cerró sus puertas en Ciudad de México con la emisión de una Declaración final contentiva de las tareas que han de seguir las naciones de la región para garantizar una vida más plena a sus ciudadanos. Paradójicamente, la representación cubana a esa cita —que tanto abogó por el fortalecimiento de la CELAC e incluso aspiraba a que esta sustituyera por completo a la Organización de Estados Americanos (OEA) como mecanismo de integración regional— se aparece en el epílogo de la cumbre mexicana con que no cumple varios de los puntos de la Declaración final.

El punto 4 de la referida Declaración establece que la democracia es irreversible en nuestra región, y que ella debe garantizar elecciones libres y transparentes, así como las libertades individuales de los ciudadanos en el marco de la más estricta observancia de los derechos humanos. Como sabemos, ninguno de esos principios tiene lugar en Cuba, tal y como acertadamente expuso el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

El punto 15 de la Declaración se refiere a la necesidad de que los países latinoamericanos y caribeños practiquen un comercio abierto, tal y como sugiere la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, los gobernantes cubanos hacen caso omiso de ello al proclamar la sustitución de importaciones como estrategia fundamental en las relaciones económicas internacionales. Vale aclarar que no se trata de una política coyuntural motivada por las carencias financieras de la Isla, sino que asistimos a una política con visos de permanencia.

El punto 24 de la declaración de la CELAC contiene una cláusula alevosamente ignorada por la propia Constitución de la República de Cuba. La CELAC reafirma que los ciudadanos no podrán ser discriminados por razones de sexo, religión, raza, origen nacional, edad, discapacidad, idioma, orientación sexual u opinión política. La Constitución cubana, en cambio, en su artículo 42, al referirse a las características por las que no se marginará a los cubanos, omite la cuestión de la opinión política. De esa manera, queda abierto el camino para que los cubanos que se opongan al castrismo sean considerados como personas de segunda categoría en su propio país, privadas incluso de cursar estudios superiores y de acceder a muchos puestos de trabajo.

El punto 31 de la Declaración de la CELAC habla, por otra parte, de la necesidad de que los gobiernos latinoamericanos y caribeños adopten políticas que frenen la migración irregular que hoy se observa en la región. En ese contexto no se aprecian medidas de las autoridades cubanas para mitigar la huida desordenada de cubanos hacia otras latitudes. En especial, destacan las embarcaciones rústicas que se lanzan al estrecho de la Florida en busca de alcanzar las costas de Estados Unidos, o los cubanos que se aventuran a atravesar la selva del Darién, en Panamá.

Se trata de incompatibilidades que hubiesen obligado al señor Miguel Díaz-Canel, si fuese una persona que practicara la honestidad política, a no firmar esta Declaración final de la CELAC.

Sin embargo,  siguiendo el ejemplo de sus predecesores en la máxima dirección de la Isla, el actual presidente es capaz de comprometerse con acciones que sabe perfectamente que no serán cumplidas.

Paralelamente, este alejamiento del castro-canelismo con respecto a los principios que deben regir la vida de las naciones latinoamericanas y caribeñas —con las pocas excepciones de los países que soportan gobiernos afines ideológicamente al cubano— no es más que una muestra del anacronismo del régimen cubano.

Por antilope

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