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Organizacion Prisoners Defenders celebra la condena del Gobierno cubano por cinco relatores de la ONU

Durante el último año, 525 personas estuvieron en la lista de presos de conciencia que la organización elabora

La organización Cuban Prisoners Defenders (CPD), con sede en Madrid, ha difundido este miércoles su último informe sobre la situación de los presos de conciencia y los derechos humanos en Cuba. En él celebran la carta en la que cinco relatorías de Naciones Unidas condenan el Gobierno de Miguel Díaz-Canel y su actuación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en toda la Isla.

La misiva se hizo pública este domingo y está firmada por las relatorías de reunión pacífica y de asociación, de la detención arbitraria, de las desapariciones forzadas o involuntarias, de la libertad de opinión y de expresión, y de la tortura. En ella exponen su visión de los hechos ocurridos el 11J, incluyendo el llamamiento de Díaz-Canel a “detener las protestas por todos los medios” y expresan su preocupación por la falta de protección a quienes se manifestaban pacíficamente y las interrupciones del servicio de internet aquellos días.

La carta concluye que, de confirmarse todo lo que llegó a sus oficinas, se “contravendrían numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos”

La carta concluye que, de confirmarse todo lo que llegó a sus oficinas, se “contravendrían numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos”. CPD felicita a los relatores y pide que otros líderes mundiales, como la alta representante de derechos humanos en la ONU, Michelle Bachelet, el papa Francisco, el canciller europeo, Josep Borrell, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se pronuncien en esta línea ya que, a su juicio, sus declaraciones sobre la Isla son desafortunadas.
La cantidad de presos y condenados políticos en Cuba ha aumentado alarmantemente, revela el informe de la organización, que sitúa en 387 los que se han incorporado en el último año a la lista que mantienen actualizada. Durante el último año, 525 personas estuvieron en este inventario que CPD comenzó a realizar en octubre de 2020 y del que entran y salen habitualmente numerosos opositores y activistas.
De los 442 casos de presos y condenados políticos que hubo en septiembre, 288 están vinculados precisamente al 11 de julio. No obstante, la organización insiste en las dificultades para determinar las cifras de forma correcta por el miedo del entorno de los represaliados, la falta de medios y voluntarios sobre el terreno, las restricciones sanitarias por la pandemia y la escasa documentación oficial disponible para verificar la información, entre otras.
Además, sus cálculos sitúan en 11.000 a los “civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel” por conducta “predelictiva”, un tipo penal empleado en regímenes dictatoriales para castigar hechos que ni se han producido y que rompe con todo el principio de presunción de inocencia.
Al respecto, el informe contiene también un amplio capítulo dedicado a este y otros tipos penales que existen en Cuba y están directamente vinculados a las legislaciones de la Alemania de Hitler y la España de Franco.
CPD alerta de que entre 5.000 y 8.000 detenciones arbitrarias (otras organizaciones dan cifras inferiores) se produjeron este julio y de que la casi totalidad de quienes han salido de un proceso penal lo han hecho con multas muy elevadas, más aún considerando los salarios de la Isla. En cualquier caso, quienes están en prisión son un número muy elevado si se toma en cuenta que no deberían estarlo ni tener peticiones de pena tan elevadas pendiendo sobre sus cabezas.

El informe también recuerda que la mayoría de jucios posteriores al 11J fueron sumarísimos y sin garantías, suponiendo la “violación de forma rutinaria de toda la legislación vigente internacional”

En este sentido, CPD recuerda el caso de las gemelas Lisdani y Lisdiany Rodríguez Isaac, para las que la Fiscalía solicita 10 años de prisión. Junto a este proceso en concreto, la organización también recuerda la situación de José Daniel Ferrer, Félix Navarro o Lázaro Yuri Valle Roca, que siguen detenidos.

El informe también recuerda que la mayoría de jucios posteriores al 11J fueron sumarísimos y sin garantías, suponiendo la “violación de forma rutinaria de toda la legislación vigente internacional en torno al derecho de presunción de inocencia, defensa efectiva y debido proceso”. La Justicia cubana ha rechazado numerosas veces estas acusaciones y mantiene que todo se hace con apego a las leyes nacionales.

Otra de las cuestiones que aborda el documento es la de las expatriaciones forzosas, como la protagonizada días atrás por los artistas Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet, que salieron de Cuba en una operación de libertad a cambio de destierro.

Además, Cuban Prisoners Defenders se posiciona junto a los convocantes de las marchas del 20 de noviembre, autores de las solicitudes “dirigidas al Gobierno, de forma asertiva, respetuosa y diligente, que se han cursado en toda Cuba para dar acogida a la movilización pacífica ciudadana”.

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