A muchos funcionarios cubanos habra que pedirle cuenta en un futuro por la falta de justicia en los sucesos del 11 de Julio - La Nueva Cuba
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A muchos funcionarios cubanos habra que pedirle cuenta en un futuro por la falta de justicia en los sucesos del 11 de Julio

A diferencia de los ciudadanos comunes, los órganos encargados de impartir justicia en Cuba no tienen la opción de quedarse cruzados de brazos ante las evidentes atrocidades y violaciones de las propias leyes cubanas que se están cometiendo contra los manifestantes del 11J. 

En Cuba, esta función la desempeña el sistema de tribunales, desde la jurisdicción municipal hasta la nacional, nivel que coincide con el Tribunal Supremo Popular (TSP). Estos órganos están dirigidos por el Consejo de Gobierno del TSP, integrado por el presidente, cuatro vicepresidentes y seis presidentes de salas.

Estas once personas son las máximas responsables de la justicia en la Isla y a ellas habrá que pedir cuentas en un futuro, no por su filiación comunista, sino por no haber cumplido con su mandato constitucional.

Según el Artículo 148 de la Carta Magna, “los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurados con independencia funcional de cualquier otro. El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones son definitivas”.

Por su parte, el Artículo 150 declara que “los magistrados y jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley“.

En octubre, DIARIO DE CUBA explicó cómo el Consejo de Gobierno del TSP cubano, en vistas de la cantidad de cubanos presos, incluso sin antecedentes penales, por los sucesos del 11J, y de la falta de una Ley de Manifestación y Reunión con fines pacíficos, debió convocar una reunión extraordinaria para analizar con urgencia el alcance del derecho a la manifestación reconocido en la Constitución y las garantías que esta debe ofrecer a los ciudadanos como fuente directa de derecho.

Hasta el momento, ninguna de estas once personas ha hecho nada en esa dirección. ¿Quiénes son estos once magistrados, electos por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) supuestamente en nombre del pueblo cubano, que están subordinándose al poder e incumpliendo sus obligaciones con la ciudadanía?

Su presidente, así como del TSP, es Rubén Remigio Ferrocélebre por su afirmación de que manifestarse en Cuba, lejos de constituir un delito es un derecho constitucional de las personas, y por su falta de coraje para actuar en consecuencia con esa aseveración, que llenó de esperanzas a muchas familias de cubanos detenidos por manifestarse pacíficamente.

Su título de Máster en Derecho Constitucional y Administrativo obtenido en 2014, su participación en foros y conferencias internacionales, los espacios de análisis y discusión de problemas nacionales en los que participa por invitación oficial, así como su larga carrera de juez, deberían asegurar su capacidad técnica/profesional para enfrentar los desaciertos gubernamentales.   

Maricela Sosa Ravelo es una de las vicepresidentas del Consejo de Gobierno del TSP; es Máster en Derecho Penal y Doctora en Ciencias Jurídicas. Sus funciones de inspectora del sistema judicial de procesos penales (directora de Supervisión y Atención a la Población del 2008 al 2011), deberían capacitarla para comprender la vulneración de principios esenciales del Derecho que está perpetrando la Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba contra manifestantes pacíficos.

Está en capacidad de denunciar, desde sus funciones, la violación de la legalidad procesal y los presupuestos de la especialidad penal, elementos que hacen arbitrarias las calificaciones legales de sedición, desórdenes públicos, incitación a delinquir y otras figuras delictivas contrarias a Derecho y Justicia. 

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