Desde Cuba

Los Despidos laborales por razones ideológicas en Cuba: una violación de los derechos de todos

¿Tendrán implicaciones negativas estas represalias del régimen solo para los despedidos o también para el resto de los cubanos?

Varios cubanos que apoyaron la marcha cívica convocada por Archipiélago para el 15N han sido despedidos de sus centros de trabajo. El doctor Manuel Guerra, expulsado del Hospital Nicodemus Regalado León, en Holguín, y el ingeniero David Alejandro Martínez Espinosa, separado de su puesto de profesor en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, constituyen apenas dos ejemplos recientes de esta práctica con la que el régimen ha castigado el disenso durante décadas.

¿A quiénes viola sus derechos el régimen mediante estos despidos basados, no en el desempeño laboral de los trabajadores, sino en su posición ideológica? La respuesta corta y lógica es: a los despedidos. ¿Pero no tendrán implicaciones negativas para el resto de la sociedad estas represalias del régimen?

Está claro que las primeras víctimas son estos trabajadores, a los que, por cierto, no se les indemniza; quedan sin medios para sostenerse a sí mismos y a sus familias, y marcados, por lo que es prácticamente imposible que accedan a un puesto de trabajo similar al que han perdido por expresar su desacuerdo con las políticas del régimen o simplemente su apoyo a una marcha pacífica que pedía derechos para los cubanos y libertad para los presos políticos.

Dichos despidos por razones ideológicas violan enunciados del Código de Trabajo cubano: Artículo 2 a) el trabajo es un derecho y un deber social del ciudadano y los ingresos que por él se obtienen son la vía fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades personales y familiares; y b) igualdad en el trabajo; todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener un empleo atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el sector estatal como no estatal; sin discriminación por el color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana.

¿Pero qué pasa si la persona expulsada de su trabajo es personal docente o de salud pública, como el doctor Manuel Guerra y el ingeniero David Alejandro Martínez, que se desempeñaba como profesor de una universidad, por solo mencionar a dos trabajadores de estos sectores, castigados por el régimen con el despido laboral?

¿A quiénes afecta el despido de un maestro de primaria, de un profesor de secundaria, preuniversitario o universidad? ¿Quiénes pagan por la falta de médicos y enfermeros?

Antes de que el ex presidente de EEUU Barack Obama derogara el programa especial de inmigración que daba refugio a médicos cubanos que abandonaban misiones gubernamentales en el extranjero, el régimen afirmaba que dicho programa formaba parte “del arsenal para privar al país de médicos, enfermeros y otros profesionales del sector, en una virtual operación internacional de robo de cerebro promovida por el gobierno de EEUU desde el año 2006”, según lo describe la enciclopedia controlada por el Gobierno cubano EcuRed.

Sin embargo, era el propio régimen el que privaba al pueblo cubano de esos profesionales al enviarlos a otros países en misiones que ya se ha demostrado no redundan en beneficio de los cubanosEs también el régimen el que priva al pueblo de dichos profesionales al expulsarlos de sus trabajo en centros de salud en los que atienden a la población.

El régimen mueve a esos profesionales como a peones, de acuerdo a sus intereses económicos o políticos, sin pensar en los efectos de sus acciones en el pueblo.

Tampoco piensa el régimen en los perjuicios que provoca al alumnado de los profesores a los que despide de sus centros docentes. En un país donde el mal manejo de la economía ya ha provocado el éxodo de profesores a labores más lucrativas, o a otros países, el Gobierno se da el lujo de prescindir de parte de los que permanecen en el país y apegados a su profesión. O más bien, se da el lujo de que prescindan los estudiantes.

¿Pero tiene el régimen el derecho de despedir personal docente y de salud, con la consecuente afectación para el pueblo cubano? ¿De dónde salen los recursos con que se forma ese personal? 

Durante mucho tiempo, el régimen les ha hecho pensar a los cubanos que su educación y su salud son gratuitos, sin explicar de dónde sale el dinero para costearlas. La mayoría de los cubanos se sentía satisfecho con sentirse en deuda con “la Revolución” por haber podido estudiar y recibir atención médica cuando lo necesitaba.

Muchos no veían la relación entre sus bajos salarios y las supuestamente gratuitas salud y educación, con lo que quizás pensaban que eran Fidel Castro y sus sucesores quienes las costeaban.

Pero la Constitución actual, en su Artículo 31, establece que  “la remuneración con arreglo al trabajo aportado se complementa con la satisfacción equitativa y gratuita de servicios sociales universales y otras prestaciones y beneficios”, lo que implica el reconocimiento de que, como en muchos países, en Cuba hay educación y salud públicas, no gratuitas.

Si es el pueblo el que costea la formación de esos profesionales, son sus derechos también los que viola el régimen cuando expulsa de su trabajo a un maestro, un médico, un enfermero, un técnico de la salud. De la misma forma que son los derechos del pueblo los que viola el régimen cuando exporta a los profesionales de la salud para lucrar, a expensas de la salud de la población.

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