La parte cubana había argumentado en sesiones preliminares que la cuestión del soborno invalidaba la cesión
Londres, 24 ene (EFE).- El grupo inversor CRF I, constituido en 2009 en las islas Caimán, ha acusado este martes a las autoridades cubanas de «fabricar pretextos» para no reconocerlo como acreedor y cumplir sus obligaciones de deuda, en un juicio celebrado en Londres.
La jueza Sara Cockerill de la división Comercial del Tribunal Superior debe decidir si CRF I es el tenedor legal de unos títulos por 72 millones de euros que anteriormente gestionaba ICBC Standard Bank -filial británica del banco chino ICBC- o si, en cambio, no fue válido el traspaso entre estas dos entidades autorizado el 25 de noviembre de 2019 por el funcionario cubano Raúl Olivera Lozano.
Olivera, que cumple trece años de prisión tras ser condenado en 2021 -junto con otros colegas del Banco Nacional de Cuba (BNC)- por presuntamente haber recibido un soborno de agentes del fondo, es uno de los testigos que este martes declara desde la Habana.
Al inicio de su testimonio, que continuará por la tarde, el abogado de CRF, Jawdat Khurshid, le interrogó sobre sus precisas funciones como director de operaciones en el BNC, donde el cubano trabajó durante más de 40 años.
Khurshid ha alertado a la jueza de que deben tomarse con «cautela y escepticismo» los argumentos de los demandados, el BNC y la República de Cuba, en el sentido de que Olivera actuó ilegalmente al consentir la cesión de los derechos contractuales del ICBC al CRF.
La parte cubana había argumentado en sesiones preliminares que la cuestión del soborno invalidaba la cesión, pero posteriormente retiró esta estrategia, en la que involucraba a dos empleados de CRF, Jeetkumar Gordhandas, y ICBC, Don Stevenson, que niegan los hechos.
Según los alegatos iniciales de Cuba, a fines de octubre de 2019 Gordhandas se reunió con Lozano y le entregó una suma en efectivo de 200 pesos cubanos convertibles (equivalente a unos 5.000 pesos cubanos) y le prometió una suma adicional (de 25.000 libras esterlinas o 30.700 dólares) por su ayuda para obtener o acelerar la asignación de la deuda.
Esto se hizo con el presunto conocimiento de Stevenson, con quien supuestamente había acordado el plan a principios de 2019, de acuerdo con esas argumentaciones.
Según Khurshid, «el abandono en el último momento de las acusaciones de soborno es un reconocimiento tardío de que esas alegaciones extremadamente graves contra Gordhandas y Stevenson no tenían fundamento».
El abogado también sostiene que esta estrategia, junto con el encarcelamiento de la directiva del BNC involucrada en la asignación de la deuda, demuestran que las autoridades cubanas «han estado dispuestas a fabricar pretextos (independientemente de las consecuencias) para tratar de evitar sus obligaciones con CRF».
El BNC y la República de Cuba, personados en este caso, sostienen por su parte que es nula la cesión aprobada por Lozano con una sola firma (en lugar de dos) y sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros, y rechaza reconocer a CRF como acreedor legítimo, al considerarlo un «fondo buitre» que quiere lucrarse cobrando a un país en dificultades económicas. EFE