tras el creciente escándalo por el hallazgo de documentos clasificados en poder de los principales altos cargos del gobierno de Estados Unidos, urge una revisión del reglamento para determinar las causas por las que se está violando lo que todo oficial público debería respetar, afirmó el profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra.
En las últimas semanas se conoció del hallazgo de documentos confidenciales, en poder del presidente Joe Biden, que podrían causar un dolor de cabeza al demócrata. Corresponde a dos fases de su vida política: la de senador por Delaware y la de vicepresidente durante la administración de Barack Obama (2009-2017). Los documentos secretos fueron encontrados en lugares separados, seis años después de que Biden concluyera su cargo en la vicepresidencia. En total son cuatro los hallazgos hasta el momento, lo que podría implicar el mal manejo, uso indebido y exposición de información secreta del gobierno de Estados Unidos.
Otro hecho similar se conoció tras el descubrimiento de documentos clasificados en la residencia del exvicepresidente Mike Pence, en Indiana.
En agosto, el FBI allanó la casa del expresidente Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida, donde encontraron documentos clasificados, un caso que permanece bajo investigación desde hace varios meses.
Problema recurrente
Al parecer, el manejo indebido de documentos se ha convertido en un problema recurrente y se estaría violando la Ley de Registros Presidenciales (PRA por sus siglas en inglés), que establece que presidentes y vicepresidentes están obligados a transferir todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo durante el ejercicio del cargo a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA por sus siglas en inglés).
Además, se estaría violando la ley de Espionaje, que prohíbe “guardar” documentos clasificados en sitios no autorizados e inseguros.
“Creo que esto señala un problema central que es demasiado fácil para oficiales de gobierno que por su investidura han tenido acceso y el derecho a remover esos documentos de los lugares donde deben consultarlos”, acotó el profesor Gamarra; por lo tanto, “o la regulación que existe no es suficientemente clara o está violando la regulación existente que todo oficial público debería respetar, y por eso (es) la investigación”, realizada por el Departamento de Justicia, que ha nombrado fiscales especiales en los casos de Trump y Biden.
Para el académico, hay una diferencia que califica de “enorme” en la gravedad de los tres casos (Biden, Pence, Trump). Su argumento se basa en que el expresidente Trump no devolvió los documentos cuando se los solicitó el Departamento de Justicia, que actuaba en nombre del Archivo Nacional.
“La política siempre está presente en este tipo de acusaciones, estamos viendo que el problema es más de fondo y no simplemente de un individuo, aunque hay diferencias de grados, entre lo que hizo el expresidente Trump, y lo que hasta ahora sabemos (que) hizo el presidente Biden y lo que hizo el exvicepresidente Mike Pence”.
En el caso de Biden, se trata de una investigación en etapa inicial, “no se sabe de qué más se le acusaría más allá de haberse llevado los documentos violando los reglamentos, pero no es el caso de que se ha negado a devolverlos. Lo mismo que el exvicepresidente Pence, que voluntariamente ha entregado esos documentos”, acotó Gamarra.
“Traición a la patria”
El jurista y analista político republicano Lorenzo Palomares, cree que el caso del presidente Biden va más allá de una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y lo califica como “traición a la patria”.
“No lo veo como peligro, lo veo como traición, no hay razón para tener esos documentos en varios lugares si no los estás escondiendo”, subrayó Palomares.
Y añadió: “En mi opinión, después de tantos años no es abandono, es escondite. Se les destapó la cosa con la diferencia de que Trump tenía año y medio de haber salido de la Casa Blanca, era Presidente y podía haber desclasificado, aunque hoy el presidente Biden puede desclasificarlos porque es Presidente, (pero) no le conviene desclasificarlos porque entonces todo mundo va a ver la venta (tráfico) de influencias que estaba pasando con aquellos documentos”, acotó.
El primer hallazgo de documentos, por los abogados del mandatario, fue en noviembre, previo a las elecciones de medio término, pero el gobierno guardó silencio.
Ese hallazgo fue en la oficina que Biden ocupó entre 2017 y 2020, tras haber dejado el cargo de la vicepresidencia. Allí, en el centro que lleva el nombre del hoy presidente, permanecieron sin seguridad. Se trata del Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global en Washington, un organismo privado adscrito a la Universidad de Pensilvania, donde Biden laboró como profesor desde 2017 a 2020. La entidad, ubicada a poca distancia de la Casa Blanca, recibió millones de dólares de los chinos. Ahí quedaron los documentos clasificados cuando Biden asumió la presidencia en enero de 2021, un motivo que los republicanos consideran suficiente para investigar.
Los otros dos lugares donde los abogados personales de Biden encontraron más documentos secretos son la biblioteca personal del mandatario en su residencia en Wilmington, Delaware; y en su Corvette en el garaje, un carro que también conducía su hijo Hunter con chicas, de acuerdo con las fotografías publicadas en medios estadounidenses y en las redes sociales.
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