Mié. Feb 21st, 2024

Uno de los argumentos centrales de la defensa del régimen cubano en el juicio en su contra en Londres por la millonaria deuda que reclama el fondo de inversión CRF I, es que la adjudicación de la suma fue obtenida mediante el soborno de un funcionario del Banco Nacional de Cuba (BNC), reveló Diario de Cuba.

Raúl Eugenio Olivera Lozano, director de Operaciones del BNC cuando se produjo la cesión de deuda del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés) a CRF I, cumple una sanción de prisión de 13 años en Cuba, tras ser condenado por el delito de cohecho, entre otros, en un proceso secreto celebrado en 2021.

No obstante, desde antes de celebrarse la vista oral recién conclusa para sentencia en la Sala Comercial del Tribunal Superior de Londres, esa imputación fue rechazada por CRF I, que alegó que el caso de soborno fue fabricado por La Habana para tratar de eludir su responsabilidad en el asunto.

Asimismo, la defensa del régimen de Cuba decidió abandonar el argumento del soborno en diciembre último. Pero el tema fue discutido en el juicio, según los documentos del proceso vistos por DIARIO DE CUBA. Y la evidencia allí presentada ofrece nuevos detalles.

El presunto soborno del señor Lozano: una novela de detectives

En los alegatos de los abogados Jawdat Khurshid y Andrew Pearson, representantes de CRF en el juicio, se señala que el bufete Byrne and Partners LLP, parte de la defensa del régimen cubano, recibió instrucciones de sus defendidos en 2020 acerca de que «habían surgido pruebas sólidas» que demostraban que las asignaciones de la deuda fueron «asistidas por el cohecho de Raúl Olivera Lozano».

Allí se afirmaba que el funcionario Don Stevenson, vinculado a CRF I, orquestó el soborno de Olivera Lozano a inicios de 2019, y que otro representante del fondo, Jeet Gordhandas, se había reunido con él a fines de octubre del mismo año para entregarle una suma en pesos convertibles y prometerle una mayor en libras esterlinas «como soborno por la ayuda del señor Lozano en asegurar las asignaciones».

Olivera Lozano confirmó lo anterior en una declaración sumada a los documentos de la defensa. Allí indicó que Stevenson dijo que «a la luz de los muchos años que habíamos trabajado juntos, deseaba hacerme un regalo monetario. Dije que eso no sería necesario, pero él insistió».

El propio exfuncionario del BNC agregó que se reunió con Gordhandas dos mañanas de octubre de 2019 en el área de recepción de la entrada principal de las oficinas del BNC. Al salir juntos del edificio oficial, «puso algo de dinero en el bolsillo de mi camisa, que me dijo que era un regalo del señor Stevenson», prosiguió.

Aquí tercian los abogados de CFR: «Nada de eso es cierto. Primero, no había ninguna razón para que CRF contemplara pagar un soborno al señor Lozano. El BNC había dado su consentimiento en principio a las asignaciones a CRF en 2014 y 2015 y lo había vuelto a hacer en junio de 2019. Además, la documentación que se había solicitado a ICBC y CRF ya había sido aprobada en principio».

Al comparecer en el juicio, Stevenson afirmó bajo juramento que no manifestó su acuerdo con ningún esquema para sobornar a Olivera Lozano porque él ya estaba jubilado desde 2015, así que no tuvo contacto con Gordhandas entre julio de 2018 y septiembre de 2020.

Asimismo, los abogados de la defensa refutaron que Gordhandas se reuniera con Olivera Lozano durante la «mañana» de la fecha de octubre mencionada por el exfuncionario del BNC, dado que este «solo llegó a Cuba tarde en la noche del viernes 25 de octubre de 2019». Tampoco le habría prometido o entregado dinero alguno, alegó el propio Gordhandas.

«Pese a ello, Oliver Lozano fue condenado en Cuba por recibir un soborno y el señor Gordhandas fue colocado por Cuba en la Lista Roja de Interpol, hecho que motivó su detención y deportación de México en julio de 2021», indicaron.

En este punto, Jawdat Khurshid y Andrew Pearson llamaron a la corte londinense a «declarar que no hubo cohecho, para ser justos con el señor Stevenson, el señor Gordhandas y, además, el señor Lozano, que parece haber asumido la culpa de todos los asuntos adversos a los intereses cubanos».

Y recordaron que en diciembre, en una audiencia preliminar que ya reportara DIARIO DE CUBA, la defensa del régimen de Cuba decidió retirar las alegaciones de que el soborno ocurrió. En esa ocasión, el juez Justice Henshaw, a cargo de la revisión del caso, señaló al aceptar las enmiendas propuestas por la defensa que había razones para suponer que «el proceso de investigación [realizado contra los funcionarios del BNC] fue esencialmente inventado».

La ministra presidenta del Banco Central de Cuba lo complica todo

Durante su interrogatorio en el proceso, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Joscelín Río Álvarez, uno de los testigos llevados por el régimen a Londres, complicó más el argumento del soborno.

Citada en los documentos del juicio, en su contrainterrogatorio reconoció que era inconcebible que Olivera Lozano hubiera cometido «tantos errores en un documento que estaba acostumbrado a trabajar» después de «una experiencia bancaria de 40 años, y de 20 años en el manejo de deuda externa».

Río Álvarez aseguró que el exfuncionario del BNC «sabía prácticamente de memoria todos los requisitos esenciales, y ni siquiera necesitaba consultar el manual, porque era un experto en la materia».

El testimonio de la funcionaria pone en duda las presuntas violaciones de procedimiento que invoca al régimen: «Incluir tantas irregularidades en ese proceso y evitar todos los requisitos esenciales en relación con el documento donde se acepta la supuesta cesión (firmándola por su cuenta, sin registrarlo de la manera correcta, sin entregarla) (…) repito, una persona con ese nivel de experiencia desde el punto de vista bancario, no es posible que alguien así cometa ese error», enfatizó.

La explicación para tamaños «fallos» del exfuncionario, aseguró Río Álvarez, es que «estaba ocultando algo»; es decir, que había aceptado un soborno.

Apuntaron los abogados de CRF: «Al momento de firmar los documentos, el señor Lozano tenía más de 40 años de experiencia trabajando en el sistema bancario cubano, había sido jefe de la Oficina de Deuda Externa por 18 años y desde entonces había sido ascendido a director de Operaciones, y tenía más experiencia y pericia que cualquier otra persona en el BNC en la materialización de asignaciones de deuda histórica. Él era, para decirlo brevemente, el experto. No hubiera firmado los documentos confirmatorios, junto con el sello de tinta húmeda del BNC, si hubiera pensado que no estaba autorizado para hacerlo».

Curiosamente, como mostraron los abogados, todo el proceso fue aprobado por el Departamento Jurídico del BNC, y la cesión de deuda fue inscrita en el Registro de Cesiones de Deuda de esa institución.

El viceministro de Finanzas y Precios empeora la situación

La defensa del régimen de Cuba subrayó desde el momento en que invocó el presunto soborno que había «fuertes evidencias» para sugerirlo. Mas, la única presentada en todo el proceso vino de Olivera Lozano.

La comparecencia en el juicio de Londres de Vladimir Regueiro Ale, viceministro cubano de Finanzas y Precios, generó muchas más dudas al respecto. En su contrainterrogatorio, el funcionario coincidió en que Olivera Lozano no había dicho inicialmente que lo sobornaron, sino que lo había «confesado» en una etapa posterior.

Al respecto, el viceministro reconoció que no sabía las circunstancias en que el exfuncionario acudió a confesar, y tampoco conocía ninguna evidencia documental para respaldar la confesión. Menos aún supo qué investigaciones se hicieron al respecto, o si las grabaciones de video del sistema de seguridad del BNC habían servido para corroborar la visita de Gordhandas a esa institución.

Asimismo, Regueiro Ale tampoco pudo informar sobre si el personal de seguridad del BNC había sido entrevistado para conocer si recordaban una visita de Gordhandas al lugar; no pudo decir si los movimientos de Gordhandas durante su breve estancia en Cuba habían sido considerados como parte de la investigación, ni si había alguna evidencia para corroborar la sugerencia de que este había pagado una suma de dinero a Olivera Lozano.

Tampoco supo responder si alguien presenció el supuesto pago, o la promesa de recibir una suma mayor, alegadas por el exfuncionario.

Finalmente, los abogados de CRF se preguntaron por qué, de haber incurrido Olivera Lozano en el delito por el que fue condenado, ninguno de sus colaboradores ni otras instancias del BNC se percataron o cuestionaron el procedimiento que siguió para conceder la deuda de manera presuntamente tramposa.

Y, por lo que se desprende de los documentos del juicio, tampoco el régimen cubano presentó otras evidencias que la confesión del exfuncionario culpado.

Todo lo anterior otorga mayor consistencia a una de las conclusiones del juez Justice Henshaw, en su documento sobre el caso expedido en diciembre pasado: «No es injusto decir que solo ahora, después de la entrega del esqueleto del argumento de los demandados, ha quedado claro exactamente lo que ellos están diciendo sobre este asunto: a saber, que ya no alegan que hubo soborno en hecho, pero sostienen que en 2020 tenían una creencia razonable de que se había producido un soborno».

A la espera de la versión del juicio de parte del régimen cubano, y del veredicto final de la jueza Sara Cockerill, las razones de La Habana siguen siendo oscuras. Como lo es el hecho de que varios exfuncionarios oficiales de la Isla guardan prisión por presuntos delitos que el régimen no pudo probar, al menos en Londres.

Por antilope

Deja una respuesta