«Cuba se enfrenta a la peor crisis económica desde el Periodo Especial», advertía ya a inicios de 2023 el reconocido economista cubano Carmelo Mesa-Lago, en un artículo publicado por el Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de Florida.
Y los ciudadanos reaccionan a ese deterioro socioeconómico, que Mesa-Lago considera “un segundo Período Especial” -en referencia la crisis que siguió a la caída de la Unión Soviética en 1991- en tres formas fundamentales: protestas públicas, éxodo masivo y abstencionismo electoral.
Los extremos ideológicos tradicionales, según Mesa-Lago, acostumbran a culpar de esta crisis a una causa única: o bien a la ineficiencia del sistema de planificación centralizada y predominantemente estatal del régimen comunista, o bien al embargo o “bloqueo” económico estadounidense.
Pero, en su visión, la crisis es multifactorial y refleja también otros factores, como el deterioro de los lazos económicos con Venezuela (envuelta en sus propias crisis) o el impacto de la pandemia de COVID-19 y de la guerra en Ucrania (que disparó los precios de los alimentos y combustibles).
A una economía tan abierta como la cubana, que importa casi el cien por ciento de los alimentos de su canasta básica (ofertada a precios subvencionados a través de una cartilla de racionamiento), “evidentemente, cualquier deterioro de los términos de intercambio la va a afectar más que a otros países”, confirma a DW, desde La Habana, Omar Everleny Pérez, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).