La fiscalía provincial de Artemisa ha atribuido un desfalco millonario en la Empresa Eléctrica del Mariel a la insuficiencia en el control interno sobre los recursos materiales y financieros.
Este viernes, mientras la Unión Eléctrica reportaba un déficit de más de 1.000MW en la generación de energía en Cuba, la fiscalía hizo público el caso, que ocurrió en 2023 en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
Según el periódico provincial El Artemiseño, la intención era desplazar la responsabilidad de la UNE a aquellos encargados de los recursos materiales o financieros que decidieron apropiarse de ellos.
El jefe del almacén de la Unidad Empresarial de Base de la UNE en la zona de desarrollo, de acuerdo con el reporte oficial, accedió al módulo de inventarios en el Nomenclador de Productos y modificó su descripción para apropiarse de recursos bajo su custodia y distribución, destinados al desarrollo energético del país. Esta acción causó un daño a la entidad valorado en 21.127.548,47 pesos cubanos (CUP).
Para extraer los recursos apropiados, contó con la colaboración de tres linieros eléctricos especializados de la Unidad Empresarial de Base Mariel, quienes usaban los vehículos asignados para recoger los productos en el almacén y traficar con ellos en el mercado informal, a sabiendas de la afectación que causaban en el sistema energético nacional.
El informe fiscal subraya que estas acciones fueron posibles debido a la insuficiencia en el control interno sobre los recursos materiales y financieros. Se imputaron seis directivos y trabajadores por considerar que pudieron y debieron evitar estas conductas. En total, 13 personas fueron acusadas por delitos de Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio, Malversación, Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas, Receptación y Hurto. De estos, cuatro fueron asegurados con prisión provisional. Las sanciones solicitadas varían entre los ocho y los 18 años de privación de libertad en cinco casos, trabajo correccional sin internamiento para seis imputados y trabajo correccional con internamiento para dos.
En una entrevista con la agencia EFE en mayo, la entonces contralora general Gladys Bejerano afirmó que la profunda crisis económica en la que está sumida Cuba ha incrementado la corrupción debido a una mayor necesidad y escasez de todo, aunque esto no justifica las conductas delictivas.
Este aumento de la corrupción es visible en varios sectores de la sociedad. En febrero, el Tribunal Provincial de La Habana sancionó con multas administrativas y penas de hasta ocho años de cárcel a 21 personas, incluidos siete funcionarios de la Unión Eléctrica de la capital, por falsificación de documentos bancarios y de comercio para cometer cohecho continuado, según detalló el Ministerio del Interior en su cuenta en la red social X.
En enero, el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional ubicó a Cuba retrocediendo por quinto año consecutivo. En el ranking mundial correspondiente a 2023, Cuba apareció en el puesto 76 entre 180 países, con 42 puntos de 100 posibles. Desde 2019, la puntuación del país ha disminuido constantemente, pasando de 48 puntos en 2019 a 47 en 2020, 46 en 2021 y 45 en 2022.