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Se Presenta demanda en Uruguay por misiones médicas cubanas

La Alianza por la Libertad Global, anunció este jueves que presentó una demanda al gobierno de Uruguay para obligar a la divulgación de registros relacionados con la contratación de trabajadores médicos de Cuba por parte del país sudamericano

La Alianza por la Libertad Global (GLA, por sus siglas en inglés) con sede principal en Washington D.C., anunció este jueves que presentó una demanda al gobierno de Uruguay para obligar a la divulgación de registros relacionados con la contratación de trabajadores médicos de Cuba por parte del país sudamericano.

Al frente del consejo de GLA en Uruguay se encuentra la jurista uruguaya Dr. Sabrina Verónica Peláez Iglesias, quien en abril de 2020 comenzó un proceso de investigación sobre los contratos entre el Ministerio de Desarrollo Social en el país sudamericano y el régimen cubano, especialmente acuerdos relaciones con el “Hospital de Ojos” en Uruguay.

Antes de que se presentara la demanda, la Dra. Sabrina Peláez había descubierto más de 100 páginas de documentos que incluían un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y el Ministerio de Salud de Cuba, por el cual las partes contrataron los servicios de profesionales cubanos, incluidos médicos, enfermeras y potencialmente otros especialistas sanitarios a cambio de fondos y arreglos comerciales.

El convenio entre el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay entre el 2012 y 2019 estipulaba un grupo de prestaciones por parte de Cuba para la conformación en Uruguay de un Centro de prótesis, elementos ortopédicos, brindar capacitación al personal uruguayo y procesos de control de calidad. El acuerdo fue gestionado con el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) para brindar los servicios al Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt).

En Uruguay no existe una licenciatura en el área de ortoprótesis, por lo que la mayoría de los técnicos que atienden en el Cenatt fueron formados en Cuba, en el marco de un acuerdo entre ambos países desde hace una década. Los cinco licenciados en ortoprótesis del centro son cubanos, que viajaban a Uruguay por dos o tres años, y luego rotaban, ha explicado La Diaria.

Sin embargo, desde 2018 existía controversia en Uruguay sobre ese convenio por irregularidades al habilitarlo sin la autorización necesaria de la Asamblea General (poder legislativo), entre otros problemas.

La demanda presentada este jueves, advierte que el Estado Cubano no brindaba de “manera altruista o a un magro costo esta suerte de ‘colaboración’, sino que utiliza dicho mecanismo para financiarse”, a costa de “la explotación de personas, (…) del trabajo esclavo y/o forzado de sus médicos, técnicos y personal no médico” que es enviado en estas “Brigadas”, según explica un extracto de la demanda a la cual ADN Cuba tuvo acceso.

El personal técnico de salud cubano, contratado por Uruguay bajo un convenio del 2012, debía prestar servicios por un promedio de 24 meses, mientras que Uruguay se comprometía a brindar alojamiento, pago de vacaciones, transporte aéreo y garantizar un permiso de trabajo para los cubanos en Uruguay. El monto de uno de los contratos alcanzó la suma de 90,000 dólares americanos de la cual Cuba se quedaba casi con un 75% del dinero, un promedio de 68,400 dólares anuales.

El resto del dinero entregado por Uruguay debía ser utilizado para pagar al personal cubano “como concepto de estipendio”, según explica el convenio. Cada miembro del personal médico cubano debía cobrar por tanto un monto de $600 mensuales, pero en la denuncia presentada este jueves se expone que se desconoce si realmente se abonaba ese salario al personal cubano y que además no se garantiza “un salario mínimo suficiente –equitativo- para llevar una vida digna” o una jornada razonable de trabajo; no se permitía la libre circulación y elección del lugar de descanso (licencia o vacaciones anuales); y se “constriñe a las personas a aceptar estas misiones bajo presiones por parte del Estado Cubano”.

Otro acuerdo firmado en 2018 pactaba un abono a Cuba de $174,000 anuales, de los cuales menos del 28% del convenio se utilizaba para pagarle a los galenos y personal de salud encargados de realizar el trabajo.

El convenio entre Cuba y Uruguay al cual tuvo acceso ADN Cuba especificaba además que en “ningún caso se realizarán transferencias bancarias en dólares estadounidenses, ni serán utilizados como corresponsales bancos estadounidenses que se encuentren dentro o fuera de su territorio nacional, ni banco que posean capital estadounidense”. En contraste, todas las transferencias se debían realizar en Euros “equivalente al valor del convenio en dólares estadounidenses”.

El grupo de abogados de GLA, que había anunciado en redes sociales este miércoles que revelarían información sobre el tráfico de personas en Uruguay, recalcó en su denuncia que el gobierno de Montevideo es signatario de la Convención contra la Esclavitud y la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y practicas análogas a la esclavitud y se amparó la Ley de Migraciones de Uruguay, en la cual se reconoce los mismos derechos a los nacionales de cualquiera país de los ciudadanos uruguayos, sobre igualdad de remuneración, discriminación, trabajo de migrantes.

Las misiones médicas cubanas en el extranjero continúan generando más de la mitad del presupuesto nacional de Cuba (tres veces más que el turismo), y es reconocida como “trabajo forzoso” por organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo y el Departamento de Estado de EE.UU.

“Las entidades patrocinadas por el estado cubano contratan con gobiernos extranjeros para que los trabajadores de salud cubanos vayan a ese país durante 2-3 años, con el entendimiento de que el programa puede incluir la enseñanza y la venta de medicamentos a través de empresas estatales cubanas”, indica GLA que además informó que los trabajadores de la salud cubanos “no pueden trabajar fuera de su contrato, y reciben solo el 5-25% de su compensación”, dependiendo del país.

“Sacar​ a luz las redes de trata cubanas, además de asistir a los que quieren abandonar estas misiones, es de interés nacional para los EE.UU. También lo es responsabilizar a las personas, organizaciones y empresas involucradas en la esclavitud moderna de los trabajadores de salud cubanos“, declaró el abogado Jason Poblete, de GLA, organización sin fines de lucro dedicada a promover el estado de derecho y la defensa de los derechos fundamentales.

“Al emplear mecanismos locales, tenemos la intención de hacer eso precisamente, junto a equipos legales y de derechos humanos tanto en Uruguay como en otras naciones”, añadió el jurista especializado en seguridad nacional y derecho internacional.

Según reportes, la mayor parte de la compensación para trabajadores de la isla se guarda en una cuenta bancaria cubana y solo se les otorga acceso al completar la misión y regresar a su país.

El gobierno de La Habana asegura que Cuba ha enviado a más de 400,000 trabajadores de la salud a 164 países desde la década de 1960. En marzo del 2020, más de 28,000 trabajadores de la salud cubanos (incluidos 18,000 médicos) se encontraban en 59 países. Entre marzo y junio del presente año, más de 3.000 trabajadores de la salud fueron enviados a 30 países por la COVID-19.

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