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Desde Cuba

Las nuevas medidas económicas. ¿Reformas o parches temporales?

Casanella opina que el regreso del dólar al mercado cubano y la eliminación del gravamen a dicha moneda son un simple parche económico, similar al que existió en los 90, por lo que su destino puede ser igual al del vaso de leche para cada cubano que prometió Raúl Castro en 2007

El 16 de julio se anunciaron en el programa Mesa Redonda de la TV cubana nuevas medidas económicas para enfrentar la actual crisis que vive Cuba. La eliminación del gravamen del 10 por ciento al dólar estadounidense (USD) en efectivo que ingrese en bancos cubanos y la apertura de tiendas de alimentos y productos de aseo con pago exclusivo en USD son las dos medidas que el régimen de La Habana hizo vigentes el día 20 de julio. Sin ser profesional de Ciencias Económicas podemos percatarnos que esto no será suficiente para salir de los graves problemas económicos que son anteriores a la pandemia de la COVID-19.

Como era de esperarse, en el Consejo de Ministros extraordinario ocurrido en la mañana del mismo día 16, el “presidente” Miguel Díaz-Canel culpó de la actual situación en la isla a factores externos ajenos al modelo económico de economía estatal planificada y centralizada que ha mantenido a la población cubana experimentando “periodos especiales”, “periodos coyunturales” y otros periodos de crisis nombrados con eufemismos. Los efectos de la pandemia de COVID-19, el “neoliberalismo” en el mundo y el embargo económico impuesto por EUA (esta última idea decorada con información del reciente libro de John Bolton) son los causantes de la decadencia en Cuba según el mandatario.

Para consolar al pueblo Díaz-Canel anunció que el estado cubano estaba trabajando para en los meses de julio y agosto garantizar dos libras adicionales de arroz, seis onzas más de frijoles y un poco más de carne de pollo a niños y a mayores de 64 años. Adicionalmente a las dos medidas económicas que comenzaron a implementarse este 20 de julio, la otra solución propuesta por él fue desarrollar una “estrategia de comunicación” al parecer para calmar los ánimos de los cubanos indignados y con necesidades de todo tipo.

Las sanciones económicas aplicadas por la administración de Donald Trump contra el régimen comunista de La Habana y la epidemia de la COVID-19 solamente han agravado la crisis económica y financiera que sufre la nación desde 1959, periodo de crisis donde se incluye la ficticia bonanza de los años 80, cuando Cuba era sustentada por la Unión Soviética (URSS) y no por su capacidad de producción de bienes y servicios y la exportación de los mismos.

La eliminación de las empresas privadas en Cuba comenzó en el mismo 1959. En 1968, con la llamada “Ofensiva revolucionaria”, fueron desmontados hasta los carritos ambulantes de vender frituras y el resto de las microempresas privadas. Gracias a la caída de la URSS y de todo el campo socialista, más la existencia del embargo económico de EUA contra el régimen de La Habana, el pueblo cubano recuperó unas pocas libertades económicas en la década de los años 90. Así fue como, en contra de los deseos de Fidel Castro, reapareció la microempresa privada cubana, ahora con el nombre de trabajadores por cuenta propia.

En el año 1998, casualmente año en que Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (MTSS) prohibió conceder nuevas licencias de trabajo por cuenta propia como medida “temporal” para las 37 actividades más importantes y prósperas en la isla. Esta suspensión temporal se prolongó por 12 largos años hasta que en octubre de 2010, bajo el mandato de Raúl Castro, vuelven a otorgarse licencias de trabajos privados ya existentes y se adicionan nuevos tipos de actividades a esta modalidad hasta sumar 178 de las mismas.

En poco tiempo floreció este sector cuentapropista, tanto en número como en calidad y envergadura, lo que alentó a la dictadura cubana a detener un crecimiento no deseado por la misma. El 1 de noviembre de 2013 se anuncia a través de los medios de comunicación oficiales el establecimiento del Decreto Ley 315, que establecía la retirada de licencias de trabajo por cuenta propia, el decomiso de herramientas, productos y materias primas tanto a los trabajadores legales como a los ilegales, y otras medidas. 

Entre los negocios afectados se encontraban las salas privadas de cine 3D, el alquiler de juegos computacionales, los vendedores de útiles para el hogar, más conocidos como ferreteros y plomeros, y los vendedores de ropa. Estas dos últimas categorías generalmente traían la mercancía de otros países. Muchos emprendedores perdieron lo invertido y algunos hasta sufrieron decomisos de productos, lo que generó protestas de cuentapropistas en toda la isla, siendo la más conocida la ocurrida el 21 de enero de 2014 en la ciudad de Holguín, frente a la sede del Poder Popular, donde cientos de cuentapropistas se manifestaron. 

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